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El CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) acudieron al Juzgado Federal de Río Grande para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La demanda apunta contra la británica Rockhopper Exploration, la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited y quienes resulten responsables de la construcción y operación del emprendimiento.
El planteo tiene como eje la soberanía argentina. Las organizaciones sostienen que las empresas avanzan sobre la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional y que las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas no pueden reemplazar la legislación argentina. La acción invoca la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional y la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que llama a las partes a no introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa de soberanía.
La presentación plantea así una figura que define como “tutela ambiental soberana”: sobre el mismo territorio confluyen dos bienes colectivos, ambiente y soberanía. En ese marco, sostiene que una explotación petrolera de gran escala durante décadas constituye una modificación unilateral de la situación existente.
Pero el CECIM y AAdeAA no apuntaron solamente contra las plataformas y las perforaciones. También pidieron seguir el dinero: solicitan que se impidan nuevos contratos de financiación, desembolsos, transferencias, pagos, aportes y garantías destinados a sostener el proyecto. Además, reclamaron que una eventual resolución sea comunicada a organismos y mercados financieros de Reino Unido, Israel y Estados Unidos, y que las empresas identifiquen a quienes financian, aseguran o participan económicamente del emprendimiento.
El proyecto contempla inicialmente 23 pozos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Navitas tiene el 65% del desarrollo y Rockhopper el 35%. La primera producción está prevista para 2028 y las empresas proyectan una explotación que podría extenderse durante más de 30 años. Según la documentación incorporada a la demanda, una ampliación podría sumar otra FPSO con una capacidad adicional de hasta 125.000 barriles diarios.
El tercer eje es el impacto ambiental. Los demandantes sostienen que las compañías no realizaron ante Argentina el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni cuentan con un certificado ambiental nacional. Asimismo, advierten sobre riesgos de derrames, contaminación, afectación de mamíferos y aves marinas, alteración del fondo oceánico y utilización de productos químicos. La demanda estima además unos 9 millones de toneladas de CO2 durante el desarrollo y más de 100 millones de toneladas derivados de la quema del petróleo extraído.
La acción judicial se presenta mientras Milei prepara una cadena nacional sobre Malvinas, anunciada para este jueves, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump planteara que su administración está dispuesta a revisar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas.
Es que el Gobierno busca presentar el hecho como un avance para el reclamo argentino, en un contexto en el que el oficialismo atraviesa dificultades políticas y económicas. Frente a esa utilización de la causa Malvinas como bandera electoral, la presentación del CECIM coloca el foco en una cuestión concreta: quién decide sobre los recursos del territorio reclamado por la Argentina, quién se beneficia de ellos y bajo qué controles ambientales.
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