Vuelve a sesionar el Concejo Deliberante tras el receso invernal

Los ediles de La Plata vuelven a congregarse en una nueva sesión del Concejo Deliberante local, la décima del año. La agenda incluye más de 300 expedientes. Se espera una gran polémica por algunos puntos sensibles a tratar que tocan la coyuntura nacional.

El intendente Julio Alak envió diversos expedientes al Concejo, entre ellos el pedido del Frigorífico Gorina para extender por 6 meses la exención de las tasas municipales debido a los daños por el incendio que se registró este año. También envió un documento para la creación de un sello municipal que reconozca a comercios familiares de más de 50 años de antigüedad de La Plata. Ambos proyectos serán enviados a sus respectivas comisiones.

También reflotará la discusión sobre la regulación legal de las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify, las cuales funcionan fuera de las normativas impuestas a los remiseros y taxistas de la ciudad. A esta discusión se le sumará el reclamo formal del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros, que solicita al Concejo prorrogar excepcionalmente la antigüedad permitida de los vehículos que utilizan a 18 años debido a la severa crisis económica del sector.

Las propuestas más polémicas vienen de parte de la oposición. En línea con el Gobierno Nacional, el bloque del PRO propone crear el “régimen municipal de recupero de costos y arancelamiento de prestaciones municipales”. La propuesta busca cobrar a extranjeros y no residentes por servicios locales de educación no obligatoria, deportes, cultura, turísmo y salud (exceptuando urgencias). Según lo estipulado, lo recaudado sería destinado a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y a los jardines de infantes públicos de la ciudad.

Por otro lado, La Libertad Avanza impulsa un proyecto para implementar un protocolo de actuación de la Municipalidad ante protestas y cortes de calles. Esta iniciativa busca garantizar la circulación en accesos esenciales, como escuelas y hospitales, y prevé demandar civilmente a los organizadores para que costeen los daños materiales que sufran los bienes públicos municipales durante las manifestaciones.

Además, la oposición elevó pedidos para declarar el “estado de alerta por narcomenudeo” en el barrio El Mondongo; una iniciativa que propone que quienes aspiran a ocupar cargos políticos en la comuna deban pasar un “examen psicolaboral”; también se solicitaron informes sobre los compradores afectados por la venta de loteos ilegales, y sobre la recaudación de las fotomultas durante el último año.