Lojo cuestionó la concesión de la Hidrovía: “Asegura la rentabilidad de una empresa”

Las críticas del Gobierno bonaerense a la reciente concesión de la Vía Navegable Troncal sumaron una nueva voz. Luego de que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionara la adjudicación y reclamara nuevamente la concreción del Canal Magdalena, el ex presidente del Puerto La Plata, José “Pepe” Lojo, apuntó contra la decisión del Gobierno nacional de volver a privatizar el dragado y balizamiento de la principal ruta fluvial del país.

Al ser consultado sobre el futuro del Canal Magdalena, Lojo sostuvo que la iniciativa seguirá siendo impulsada pese al escenario actual. “No es un tema cerrado, por suerte, porque vamos a trabajar hasta el final para que esta obra de beneficio para toda la Nación argentina, y en particular para la provincia de Buenos Aires, ocupe en la agenda pública el lugar que se merece y que se haga de una vez por todas para beneficio de todos”, afirmó.

“Nosotros decimos que eso tiene que ser por el Canal Magdalena, y lo decimos con razonamientos técnicos, con razonamientos económicos y también con razonamientos soberanos, porque pretendemos que nuestro río Paraná y nuestro río de la Plata salgan al mar argentino a través del territorio argentino, y no que tengan que ir hasta Uruguay para después ir al mar argentino”, remarcó.

Críticas a la privatización y al aumento del peaje

En diálogo con Código Baires, Lojo también cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de volver a concesionar el mantenimiento de la Hidrovía a una empresa privada, luego de que durante los últimos años la tarea estuviera a cargo del Estado. “Lo primero que hizo fue subir la tarifa un 40%. Después decidió dársela para que la mantenga una empresa privada. Un negocio redondito: primero te la aumento y después te la doy”, cuestionó.

Además, sostuvo que el Estado contaba con capacidad técnica para realizar esos trabajos sin necesidad de delegarlos al sector privado. “No es algo que no sabe o no puede hacer. De hecho, antes de los años 90 directamente lo hacía el Estado con dragas y empleados propios”, señaló.

Según estimó, la empresa adjudicataria recaudará alrededor de 300 millones de dólares por año en concepto de peajes. “En 30 años son entre 9.000 y 10.000 millones de dólares”, afirmó.

Lojo también cargó contra el proceso licitatorio y aseguró que las condiciones del concurso limitaron la competencia entre las empresas interesadas. “La licitación está hecha para asegurar la rentabilidad a una empresa y además para evitar la competencia”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que el pliego estableciera un piso para la tarifa de 3,85 dólares por tonelada, lo que, según explicó, impidió que las compañías pudieran competir ofreciendo valores más bajos. “Las dos empresas que ofertaron presentaron exactamente el piso. Entonces no hubo competencia. Limitás la competencia económica y hacés el pliego a medida de una empresa”, afirmó.

Asimismo, recordó que el peaje vigente antes de la gestión de Milei era de 3,05 dólares por tonelada y cuestionó que la rebaja anunciada por el Gobierno se calcule sobre una tarifa previamente incrementada. “Dicen que bajó un 15%, pero respecto de la tarifa histórica sigue siendo un 25% más caro”, aseguró.

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Cuestionamientos ambientales

Otro de los ejes de las críticas estuvo vinculado a la ausencia de estudios ambientales previos a la concesión. Lojo consideró “gravísimo” que no se haya realizado un estudio de impacto ambiental de base antes de licitar un contrato por 30 años y advirtió que todavía se desconocen los efectos que podrían tener futuras obras de profundización del canal.

“Se dio una licitación por 30 años con una tarifa inflada para los primeros dos años y no se sabe cuánto vamos a tener que pagar después”, sostuvo. Para el ex titular del Puerto La Plata, esa situación terminará trasladando nuevos costos a los usuarios de la vía navegable y, en última instancia, a toda la economía.

Sobre el final, Lojo insistió en que el debate no debe reducirse únicamente a cuestiones comerciales, sino que involucra la administración de un recurso estratégico para el país. “Los ríos son un activo que tenemos nosotros. Nosotros ponemos los ríos; otros ponen los barcos y otros ponen el dragado. Si va a haber una renta de eso, el Estado también tiene que participar y los argentinos tienen que participar de esa renta“, concluyó.