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Un proyecto ingresó al Concejo Deliberante, de la mano del bloque de Propuesta Vecinal, el cual solicita el uso del sistema de videovigilancia municipal para la radicación de multas de tránsito. Actualmente solo quince cámaras son utilizadas con este fin pero el edil Darío Ganduglia espera ampliar el control a todo el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
El “Sistema Municipal de Actuaciones Digitales – Video Multa” funcionaría mediante el COM, con sus 800 cámaras de videovigilancia que operan las 24 horas y son monitoreadas por trabajadores comunales. Esta iniciativa también establece la creación de un canal digital donde se centralice la evidencia. Además, el proyecto promete poner en tensión el Plan de Seguridad 2026 de la Municipalidad, el cual prevé agregar 1.200 cámaras a la red del COM.
Ganduglia remarcó que su propuesta no busca “hacer un desembolso adicional de las arcas del Municipio, sino de utilizar las cámaras de videovigilancia que ya están instaladas”. También remarcó que el COM posee personal capacitado para controlar el cumplimiento del Código de Convivencia.
El concejal también hizo referencia a otras ciudades que utilizan su sistema de vigilancia de la manera que propone. Tanto Córdoba, Puerto Madryn y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poseen un esquema aproximado a lo enunciado por Ganduglia. Si la medida recibe el visto bueno, la Municipalidad tendría 45 días para presentar un informe del sistema de vigilancia, junto con los protocolos que validarían las multas y los detalles sobre los controles de tránsito del último año.
El principal eje que empuja a la aprobación de la medida es la recaudación, las multas por exceso de velocidad, obstrucción de la senda peatonal y cruzar semáforos en rojo oscilan entre los $27.000 a los $90.000. Si el control pasa de 15 a cientos de cámaras, se espera un aumento exponencial en la recaudación por infracciones.
De todas formas, el nuevo sistema no representa una fiesta de multas, las sanciones deberán incluir el registro audiovisual de la falta y la identificación de un supervisor junto con su firma. Por otra parte, el acusado podrá acceder a las imágenes y defenderse ante el Tribunal Municipal de Faltas. De aplicarse, el sistema será de público conocimiento aunque no se divulgará la ubicación de las cámaras.
La discusión promete enfrentar los límites del control estatal, y la forma en que la comuna vigila a los vecinos, contra la promesa de una recaudación más amplia. Actualmente, el sistema de fotomulta recauda más insultos que dinero, con denuncias de contravenciones mal labradas o retroactivas elevadas por frentistas y choferes.
Es importante remarcar que el sistema del COM fue establecido como una forma de control de la seguridad pública y no del tránsito, una modificación en este contrato requeriría una discusión profunda sobre el destino de los datos registrados por el Ejecutivo local. Este debate anticipará la llegada del Plan de Seguridad 2026.
El Municipio prevé expandir el anillo digital de monitoreo e instalar 1.200 cámaras en unos 400 puntos estratégicos, además de lectoras de patentes y drones en lo que será una inversión superior a los $10.500 millones.
Antes de llegar al recinto, el plan debe pasar por las comisiones de Tránsito, de Asuntos Constitucionales y de Seguridad. Este será uno de los grandes debates que darán que hablar dentro de la gestión local, un choque entre la privacidad, la recaudación y la implementación de la ley.

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