El Hotel Grand Brizo en medio de una denuncia por malversación de fondos y fraude

La Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires fue denunciada por múltiples médicos bonaerenses por defraudación, malversación y asociación ilícita en relación a la construcción del Hotel Grand Brizo en La Plata y con vinculación al grupo Puente Hermano. 

Entre los delitos denunciados ante la Justicia se encuentran la defraudación y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (Artículos N°173 inciso 7° y N°174 inciso 5°), la asociación ilícita (Artículo N°210), la malversación de caudales públicos (Artículos N°260 y N°261) y la falsedad ideológica de instrumento público (Artículo N°293).

La causa se encuentra bajo el ala de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci; con intervención del Juzgado de Garantías N°2, cuyo titular es el juez Eduardo Silva Pelossi.

En base a la denuncia, se asegura que las maniobras fraudulentas fueron organizadas por las autoridades de la Caja y sociedades comerciales relacionadas con el grupo Puente Hermanos, en búsqueda de justificar pagos millonarios por servicios que no se realizaron efectivamente. Los médicos bonaerenses declararon que los hechos perjudicaron el patrimonio de los afiliados a la Caja, por la desviación de aportes obligatorios a bolsillos privados por medio de un esquema de facturación irregular.  

El ojo está puesta en la construcción del Hotel del centro platense. Los denunciantes plantean que la entidad contrató a empresas del grupo citado para realizar la “Auditoría de Obra” de la construcción, con la finalidad de corroborar el accionar de la constructora y autorizar los pagos correspondientes.

El grupo Puente Hermanos está compuesto de múltiples empresas: Puente Hermanos Inversiones S.A., Puente Hnos. Holding (Argentina) S.A., Puente Hnos. MAE S.A. y Puente Inversiones y Servicios S.A., todas ellas con domicilio legal, directivos y objeto social en la misma dirección, Tucumán 1, piso 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Estas firmas recibieron el 7.98% del valor de cada certificado como retribución, pero la denuncia establece que no existen informes técnicos, actas de inspección ni documentación que respalde la efectiva realización de las tareas de auditoría, lo que representa una simulación contractual para justificar la salida de fondos. 

En la causa también figura la existencia de un contrato de mandato original, el cual cuenta con tres adendas posteriores por ampliaciones y mayores costos, una cesión contractual y una cuarta adenda vinculada a la tercera etapa de la construcción, junto con facturas emitidas en concepto de “Auditoría de Obra”. 

Quienes se encuentran bajo la lupa son el presidente, el secretario y el tesorero del directorio de la Caja durante el período investigado. En detalle se trata de Héctor Sainz, presidente durante el inicio de las obras y quien actualmente continúa ocupando el cargo, y el doctor Tomás Cayetano Campenni, quien lo sucedió en el cargo pero falleció el año pasado. 

Según los denunciantes, el Directorio tendría responsabilidad personal y solidaria por los actos de la institución, agregando que los hechos denunciados fueron desarrollados y conocidos por las autoridades. 

La denuncia, patrocinada por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Fabio Nielsen y Diego Alonso, requirió la entrega de archivos por parte de la la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro de Reincidencia y las Fiscalías Generales de la provincia, con el fin de recolectar información y reconstruir el movimiento de dinero y establecer antecedentes para avanzar con la investigación.