La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) atraviesa una nueva medida de fuerza en medio del conflicto con el Gobierno Nacional por la falta de promulgación de la ley de Financiamiento Universitario. Docentes y trabajadores no docentes encabezan este martes y miércoles una doble jornada de paro y protestas en defensa del presupuesto educativo, representando a uno de los sectores más golpeados y estigmatizados desde la llegada de Javier Milei a la presidencia.
La convocatoria fue impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), con la adhesión de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (ADULP) y la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP). Durante este martes 21 de octubre, los trabajadores nucleados en ATULP realizarán un paro total sin asistencia a los lugares de trabajo, afectando el normal dictado de clases y las tareas administrativas en todas las dependencias de la casa de estudios.
En paralelo, ADULP llevará adelante una jornada de visibilización con actividades en distintas facultades, orientadas a exponer ante la comunidad la grave situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas. Según manifestaron desde la organización, la medida forma parte de “un plan de lucha sostenido” que incluye acciones a lo largo de toda la semana.
El miércoles 22 la protesta se profundizará con un paro total en el nivel universitario, que dejará sin actividades a todas las facultades y colegios dependientes de la UNLP. La medida fue dispuesta por ADULP en el marco del plan nacional de lucha de Conadu, que definió un cese de actividades de 24 horas como respuesta al incumplimiento del Poder Ejecutivo.
Un Gobierno desentendido de la universidad pública
El eje central del reclamo es la demora del Gobierno en promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el pasado 2 de octubre tras haber superado el veto presidencial. La norma garantiza la actualización automática de las partidas presupuestarias destinadas a universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión, ajustadas por inflación acumulada de 2023 y 2024 a partir del 1° de enero de 2025.
Según lo establecido, durante este año los recursos deberían actualizarse bimestralmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con el fin de que el financiamiento universitario no pierda poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, la falta de promulgación mantiene congeladas las partidas y genera una fuerte incertidumbre sobre el funcionamiento institucional y la recomposición salarial prevista para docentes y no docentes.
Otro punto clave de la norma es la recomposición salarial que contempla aumentos mensuales desde diciembre de 2023 hasta la sanción definitiva de la ley, buscando sostener la estabilidad económica del personal universitario. La demora en su aplicación profundiza el malestar y mantiene a las universidades en estado de alerta y movilización ya que de a poco se va traduciendo en una pérdida de calidad en materia educativa, con profesionales abandonando el ámbito público ante la imposibilidad de mejorar las condiciones.
Tanto Conadu como FATUN reclaman la inmediata promulgación de la ley, la apertura de paritarias libres, una recomposición salarial urgente y mayor presupuesto para la educación pública, la ciencia y la tecnología. En ese contexto, las aulas vacías en la UNLP simbolizan el reclamo de un sistema que exige respuestas concretas y el cumplimiento de una ley votada por el Congreso pero aún ignorada por el Ejecutivo.
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