Avanza en la Legislatura el proyecto de ley para regular la actividad de Acompañantes Terapéuticos

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó por unanimidad el proyecto de ley D-40, coautoría de la médica del Hospital Cestino (Ensenada) y diputada del PTS en el Frente de Izquierda Laura Cano. La propuesta ya había recibido dictamen favorable en la Comisión de Salud Pública y la semana pasada en Legislación General, por lo que quedó en condiciones de ser tratada en el recinto, donde podría ser aprobada por mayoría simple en la sesión del próximo jueves.

En este contexto, Cano afirmó: “La aprobación en las tres comisiones se trata de una enorme conquista producto de la lucha de este colectivo que viene peleando por esta ley desde hace años”. Y agregó: “Necesitamos la más amplia movilización para que se apruebe en el recinto, en la próxima sesión”.

Por su parte, Natalia Litterini, Acompañante Terapéutica y trabajadora de IOMA, sostuvo que la sanción de esta ley “no se trata solo de un avance en materia de derechos laborales para quienes cumplimos un rol fundamental como profesionales en los equipos de salud, sino además de un avance en los derechos de las y los usuarios”.

El proyecto tiene como objetivo regular la actividad de los Acompañantes Terapéuticas, reconociendo su rol como profesionales dentro del equipo de salud. En un contexto de creciente demanda de salud mental, la especialidad se volvió clave para los usuarios. Su tarea consiste en acompañar cotidianamente a los asistidos desde una perspectiva terapéutica, integrándose a equipos interdisciplinarios en hospitales, centros de salud, centros de día, instituciones educativas o de forma ambulatoria, entre otros ámbitos.

Se trata de trabajadores de la salud que, hasta el momento, se desempeñan en condiciones de precariedad. Pagan monotributo, viáticos, ingresos brutos y seguros para poder ejercer y, como prestadores de obras sociales y prepagas sin contrato ni regulación, dependen del tiempo y monto de los pagos de las entidades o del poder adquisitivo de familias que pueden abonar de manera particular o adelantada. En muchos casos, las obras sociales demoran hasta seis meses en abonar.