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La Plata

La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja

El fallo cuestionó la falta de fundamentos y la exclusión del colectivo travesti-trans, y obligó al Municipio a convocar una mesa de trabajo.

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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, resolvió anular el decreto municipal que había ordenado la reubicación de la denominada Zona Roja en la ciudad. La decisión respondió a una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, junto con organizaciones travestis-trans.

El decreto, dictado durante la gestión del exintendente Julio Garro, trasladaba la oferta de servicios sexuales desde el barrio El Mondongo hacia el Paseo del Bosque, imponiendo además multas para quienes ejercieran la actividad en espacios no autorizados. La jueza consideró que la disposición fue “irrazonable, arbitraria e inconsulta”, y que no tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad que atraviesa el colectivo travesti-trans.

En su fallo, la magistrada remarcó que la medida fue adoptada sin escuchar a las personas directamente afectadas y con una rapidez inusual, dado que el decreto se reglamentó apenas diez días después de su publicación. También señaló que la ex gestión municipal no acreditó fundamentos suficientes ni evaluó alternativas antes de restringir un derecho, lo que refuerza el carácter discrecional de la decisión.

La resolución judicial destacó que cualquier iniciativa en torno a la regulación de la actividad debe extremar recaudos para evitar sospechas de discriminación. En este sentido, el tribunal reconoció la legitimación de la CPM y de diversas organizaciones, entre ellas Otrans Argentina, Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, además de colectivos locales de La Plata, Berisso y Ensenada, para intervenir en el proceso.

Próximos pasos del Municipio

La sentencia dispuso que, en un plazo de 60 días, el Municipio convoque a una mesa de trabajo para abordar la problemática y diseñar políticas públicas que contemplen tanto la inclusión del colectivo como los reclamos vecinales. La actual gestión comunal ya había expresado su intención de conformar este espacio, aunque hasta el momento no avanzó en su implementación.

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