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El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (CoTOBA) hizo público un enérgico posicionamiento institucional frente a la situación que atraviesan numerosos profesionales del sector, afectados por incumplimientos por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga en la prestación de servicios destinados a personas con discapacidad.
A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones laborales en el ámbito de la terapia ocupacional, a raíz de una serie de prácticas recurrentes que incluyen la falta de autorización o demora en la aprobación de prestaciones, retrasos en los pagos, negativas de cobertura por criterios médico-económicos y una grave irregularidad en la cadena de pagos.
Desde el CoTOBA remarcaron que esta situación configura una vulneración directa del derecho al trabajo en condiciones dignas, y exigieron el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las financiadoras de salud. “Abogamos y exigimos el respeto a la recepción y percepción en tiempo y forma de los honorarios correspondientes”, sostuvieron desde el Colegio.
Pero la preocupación del organismo no se limita al plano profesional. El comunicado también hace foco en la afectación directa de derechos fundamentales de las personas con discapacidad, quienes ven interrumpido o negado el acceso a los servicios de terapia ocupacional, con el consecuente deterioro de su calidad de vida.
En este sentido, el Colegio retoma el posicionamiento de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT), que establece la obligación ética de promover y garantizar los derechos humanos, poniendo énfasis en los derechos ocupacionales y en el principio de justicia ocupacional: es decir, el derecho de todas las personas a participar en actividades significativas que contribuyan a su bienestar individual y comunitario.
Asimismo, el CoTOBA reafirma una perspectiva crítica y estructural respecto de la discapacidad, entendida como una problemática socio-política atravesada por factores económicos, culturales y actitudinales que perpetúan la exclusión y la estigmatización. En línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, denuncia la falta de políticas efectivas y el desconocimiento estatal del enfoque de derechos humanos que debería regir la materia.
“La negativa a reconocer la discapacidad como una problemática social atenta contra principios básicos como la dignidad, la no discriminación y la accesibilidad”, señalaron, al tiempo que cuestionaron declaraciones y acciones recientes por parte de autoridades nacionales que, según el Colegio, profundizan la invisibilización del colectivo de personas con discapacidad.
Por todo lo expuesto, el CoTOBA exigió la inmediata inclusión de esta problemática en la agenda pública y una respuesta urgente por parte de los distintos niveles del Estado, que garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos y resguarde tanto los derechos de las y los profesionales como de las personas usuarias de los servicios.

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