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En un nuevo gesto de ruptura con los consensos internacionales, el Gobierno argentino confirmó en la noche de ayer su decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) y profundizar su plan de desregulación sanitaria. El anuncio, que representa otro giro drástico en la política de salud pública en el país, se dio tras un encuentro entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert. F. Kennedy Jr., un dirigente con posturas abiertamente antivacunas y cercano al presidente Donald Trump.
“Compartimos pareceres y definimos posibles líneas de trabajo conjunto. Tenemos mucho para profundizar y hacer”, expresó Lugones tras la reunión. Según publicó en sus redes sociales, Kennedy Jr. mostró interés en “la desregulación de las obras sociales, prepagas y biosimilares”, así como la receta electrónica y la “desburocratización” del sistema sanitario argentino. Sin embargo, detrás del entusiasmo oficial, el rumbo elegido por el gobierno de Javier Milei despierta preocupación en sectores especializados y contradice el camino adoptado por la mayoría de los países del mundo.
A través de un comunicado, el Ministerio de Salud justificó la salida de la OMS con una dura acusación: “Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencias sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores”. Un argumento que, lejos de estar respaldado por una evaluación técnica sólida, parece más bien alinearse con una narrativa global que ha ganado fuerza en sectores ultraconservadores y negacionistas, particularmente en Estados Unidos bajo la influencia de Trump.
Reformas en el sistema sanitario local
El comunicado, además, dejó entrever el rumbo que tomará la política sanitaria local: revisión estructural de entes nacionales, achique del aparato estatal, evaluación de vacunas y medicamentos, e incluso un análisis de aditivos sintéticos en alimentos infantiles. “Las recetas de la OMS están basadas en intereses políticos”, insiste el comunicado, que también puso en duda (una vez más) la vacunación contra el COVID-19, cuestionando su aprobación “sin grupo de control y bajo condiciones excepcionales” (cuando efectivamente las condiciones eran excepcionales). Aunque se prometió continuar con campañas “seguras y eficaces” como la del sarampión, la revisión generalizada de tratamientos y medicamentos despierta temores sobre retrocesos en la prevención de enfermedades y la garantización de un calendario de vacunación completo.
Otra medida anunciada es la revisión de las autorizaciones rápidas para medicamentos de altísimo costo, en especial los destinados a enfermedades poco frecuentes. El Gobierno asegura que busca evitar abusos de la industria farmacéutica, pero las críticas apuntan a que, en los hechos, podría dejar desprotegidos a pacientes vulnerables.
También se pondrá bajo la lupa la utilización de ciertos aditivos alimentarios, con la promesa de evaluar su posible relación con enfermedades crónicas. Si bien algunos estudios respaldan estos controles, los anuncios no estuvieron acompañados de evidencia técnica concreta ni de un plan detallado de implementación.
Cuando el fanatismo es más que la salud
En paralelo, la Casa Rosada celebró el respaldo del gobierno estadounidense y destacó la consolidación de una “relación sólida y duradera” con Washington. El gesto no pasó inadvertido: Kennedy Jr., que se reunirá con Milei este martes, no es un funcionario neutral ni un experto sanitario convencional y promueve ideas cuestionadas en el ámbito académico y sanitario.
Así, en lugar de fortalecer la cooperación con organismos internacionales y apostar a políticas de salud con aval técnico, el Gobierno argentino parece optar por alinearse ciegamente con una agenda marcada por el escepticismo científico y la desregulación extrema. En nombre de la soberanía, se renuncia a espacios de coordinación global que, con todos sus límites, han sido clave para combatir pandemias, garantizar el acceso equitativo a medicamentos y establecer estándares mínimos de salud pública.
