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Javier Milei volvió a utilizar los tribunales como herramienta para disciplinar al periodismo. En una nueva escalada contra la libertad de expresión, el Presidente presentó tres denuncias penales por “calumnias e injurias” contra los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad. La ofensiva judicial no es un hecho aislado: se inscribe en una política sistemática de hostigamiento, estigmatización y agresiones verbales contra cualquier voz crítica, que va desde los insultos en redes sociales hasta la asfixia económica a medios no alineados.
La causa más llamativa es la que tiene como blanco a Carlos Pagni, uno de los analistas políticos más reconocidos del país, a quien Milei acusa de haber comparado su llegada al poder con la de Adolf Hitler. La denuncia no solo tergiversa los dichos del periodista, sino que le adjudica una cita textual que nunca pronunció. “El Sr. Pagni mencionó el artículo titulado ‘La Argentina, una torre de Babel’ y dijo que allí se comparaban ’las condiciones por las cuales nuestro presidente argentino llegó al poder con la Alemania hitleriana’”, escribió el propio Presidente en su presentación judicial. Sin embargo, esa frase no existe ni en el editorial televisivo ni en la columna de Pagni. El título citado por Milei no es un artículo ajeno: es el nombre de la editorial que él mismo cuestiona.
El Presidente fue más allá: en la denuncia sostiene que el periodista, en su programa “Odisea Argentina” del 28 de abril, “realizó un recorrido histórico sobre el régimen nazi con la clara intención de inducir al lector a una comparación insidiosa entre el dictador Adolf Hitler y mi persona”. Pero esa intención tampoco se verifica en el material. Lo que Pagni hizo fue reflexionar sobre los peligros de la incomunicación política y las dinámicas globales de polarización, citando al historiador estadounidense Henry Ashby Turner, autor del libro Hitler: a 30 días del poder. “La incomunicación engendra monstruos, como diría Hegel”, sostuvo Pagni, advirtiendo sobre un fenómeno mundial que trasciende a Milei y que incluye ejemplos en Estados Unidos, Francia, Italia o el Brexit británico.
En paralelo, Milei también querelló a Viviana Canosa, a quien denunció por haberlo tildado de “autoritario” y “déspota” y haberlo comparado con “ciertos líderes dictatoriales”, y a Ari Lijalad, del portal El Destape, a quien acusa de haberlo vinculado con el nazismo. Las causas fueron sorteadas esta mañana: la de Pagni recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas; la de Canosa, en el juzgado 2 a cargo de Sebastián Ramos; y la de Lijalad, en el juzgado 6, actualmente subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi debido a la licencia de Rafecas.
Las denuncias se suman a una larga lista de embates contra periodistas. En solo unos días, el asesor presidencial Santiago Caputo intimidó a un fotógrafo de Tiempo Argentino durante un debate público, fotografiando su credencial. Y mientras el repudio se generalizaba, el propio Milei redobló la ofensiva desde sus redes sociales, acusando a los periodistas de formar parte de un aparato de “entrenamiento para hacer caer entrevistados” y sugiriendo que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”.
Libertad en el discurso, censura en los hechos
Desde la Casa Rosada se insiste en que “no hay censura” y que “se garantizó la libertad absoluta” eliminando la pauta oficial. Pero en la práctica, el panorama es otro: los medios críticos son castigados, los periodistas estigmatizados y los organismos internacionales alertan sobre un deterioro acelerado. En solo dos años, Argentina cayó 47 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa, ingresando al grupo de países con “problemas significativos” para ejercer el periodismo.
La eliminación de la pauta oficial (que podría debatirse en abstracto como una medida de austeridad o transparencia) se ejecutó como una herramienta de disciplinamiento: a los medios amigos, acceso y protección; a los críticos, silencio, escarnio público o directamente denuncias penales. El caso del influencer oficialista conocido como “El Gordo Dan”, quien pidió al aire que Milei “encarcele periodistas como Alfonsín”, resume la lógica autoritaria que se intenta imponer desde el poder.
En este contexto, presentar al Estado como garante de la libertad de prensa no solo es un gesto de cinismo: es una provocación. Lejos de garantizar derechos, la política comunicacional del gobierno se ha convertido en uno de los principales obstáculos para ejercerlos.
