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Tras la sesión fallida en el Congreso de la Nación donde se iba a tratar la reforma en la ley de regulación de los Decretos de Necesidad de Urgencia, el Director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez se refirió a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en detrimento de la “institucionalidad republicana”.
“Se sienta un grave precedente, que es que los gobernadores trabajan intensamente junto con el gobierno nacional para detener una acción importante en términos institucionales del Congreso de la Nación o en particular de la Cámara de Diputados”, observó Rodríguez en diálogo con Código Baires y agregó que Milei “va a seguir manteniendo con los gobernadores una relación de látigo y de recorte de las transferencias a las provincias”.
En ese sentido, Rodríguez remarcó que “los únicos que están trabajando para violar el armonioso funcionamiento de la institucionalidad republicana son los miembros del gobierno libertario y sus aliados del PRO”.
“Nunca en la historia de la democracia hubo un gobierno que decidiera no tener presupuesto propio durante dos años consecutivos. La Libertad Avanza y el PRO están a punto de lograrlo, y eso es muy grave en términos institucionales, porque significa institucionalizar el ajuste irregular de las cuentas públicas, porque si un gobierno pone sobre la mesa un presupuesto en el que explícitamente plantea una reducción de partidas, es parte de la discusión política”, explicó el diputado mandato cumplido.
En ese marco, Rodríguez remarcó que “el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, con la complicidad del PRO, están a punto de violar la institucionalidad republicana, designando jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión. Esas dos acciones constituyen una grave configuración atentado institucional”.
“El gobierno no quiere que se apruebe el presupuesto nacional. Milei no quiere que se apruebe el presupuesto nacional para poder gobernar durante 2025, con el presupuesto nacional de 2023”, sentenció Rodríguez y explicó que eso “hace que a partir del primero de enero, según el artículo 27 de la ley de la riqueza y financiación, rige el presupuesto que estuvo vigente el año anterior”.
Además, agregó que “eso le va a permitir a Milei un recorte de alrededor de 35.000 millones de dólares” y concluyó que “lo que puede pasar después de la renuncia de Maqueda del 30 de diciembre, de uno de los jueces de la corte, es que el gobierno avance en la aberración institucional de designar jueces de la Corte por decreto”.
