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El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 16 de La Plata, quedó a cargo de la investigación ante la denuncia por presunto “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, que apunta a irregularidades en la habilitación de unos 400 desarrollos inmobiliarios en La Plata. La indagación se centra en posibles vínculos entre la gestión de Julio Garro y los desarrolladores.
De acuerdo con fuentes judiciales, Marina Mongiardino, presidenta del Colegio de Abogados y actual secretaría de Justicia de la Municipalidad de La Plata, formalizó la ratificación de cargos, lo cual abrió una causa que busca esclarecer cómo se habilitaron los proyectos inmobiliarios sin cumplir con los requisitos legales correspondientes, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en $1.500 millones.
Sin embargo, el abogado Marcelo Peña, también involucrado en la denuncia, puso en duda la objetividad de la investigación en La Plata y sostuvo que “un fiscal de La Plata no puede investigar a un ex intendente de la capital bonaerense”.
En respuesta, anunció que solicitarán la declinación del caso ante la Procuración General, buscando que el proceso continúe en otro departamento judicial. Además, Peña confirmó que se presentarán como amicus curiae junto a una ONG para colaborar en el expediente.
La resolución del traslado del expediente quedará en manos del procurador general Julio Conte Grand.
