El 26 de julio de 2017 Johana Ramallo desapareció en La Plata. La investigación se realizó en dos fueros distintos. Se volcaron importantes recursos humanos en la pesquisa, pero de la muerte de la joven madre se sabe poco o nada. Un tramo de la causa fue elevada a juicio mientras sigue la pesquisa.
Según se determinó judicialmente de manera preliminar, la víctima desapareció en un contexto de trata de personas, prostitución y narcomenudeo. Parte de su cadáver mutilado fue hallado en agosto de 2018 en las costas de Berisso. La trama completa de este caso fue publicada en exclusivo por este medio en 2022.
En octubre de 2023 “fue elevada parcialmente a juicio por delitos de tráfico de drogas, explotación sexual y en algunos casos por encubrimiento del femicidio, ya que los sospechosos mintieron durante la instrucción judicial”, recordaron fuentes judiciales ante la consulta de un portal local de noticias.
La muerte de Johana Ramallo sigue siendo un misterio para la investigación.
Tras la confirmación de la elevación a juicio el expediente quedó radicado en el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 2 de La Plata presidido por el juez Nelson Javier Jarazo. “A principios del mes de julio”, antes de la feria judicial, “estaba en etapa de ofrecimiento de pruebas”, detallaron las fuentes consultadas.
La pista de sospechosos la abre Carlos “Cabezón” Rodríguez, quien está procesado por comercio de estupefacientes, explotación sexual de varias mujeres, promoción y facilitación de la prostitución ajena, encubrimiento agravado y falso testimonio. También será juzgado Hernán D’Uva Razzari, imputado de explotación sexual de quien fuera su pareja, encubrimiento agravado y falso testimonio. Además, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares y Mirko Alejandro Galarza Senio deberán responder ante la Justicia por comercio de estupefacientes y explotación económica de la prostitución ajena.
Carlos “Cabezón” Rodríguez, uno de los principales sospechosos del caso, detenido con prisión preventiva.
Por último, irán a juicio oral tres mujeres que por su edad y por ser las más antiguas en la denominada Zona Roja son conocidas como “Las Viejas”. Se trata de Celia Benítez, conocida como “La Negra” o “La Misionera”; Paola Erika Barraza, alias “Tormenta”; y Celia Giménez, quienes fueron procesadas por explotación económica de la prostitución ajena. Giménez fue una de las testigos claves en el juicio oral por el crimen del estudiante de periodismo, Miguel Bru.
Mientras tanto, continúa la pesquisa en procura de esclarecer las causas de la muerte y quiénes fueron los responsables del posible femicidio. Tampoco se descarta un deceso por otras causas con el posterior intento de ocultar el cuerpo.
Johana fue vista por última vez cuando salió de su casa, donde vivía con su madre y su pequeña hija, con la promesa que regresaría a las 20.30 de ese día, lo que nunca ocurrió. Casi 2 meses antes de desaparecer, se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa de su madre Marta Ramallo y los problemas económicos la habían puesto en situación de prostitución. La última imagen suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en 1 y 63, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar.
Los restos mutilados de su cuerpo fueron hallados en las costas de la ciudad de Berisso en agosto de 2018, aunque no fueron identificados como pertenecientes a la joven hasta el año 2019. El 29 de julio de ese año este medio publicó una nota bajo el título “Johana Ramallo, su cuerpo y un silencio de dos años” que es una radiografía de la burocracia judicial que envolvió la identificación de los restos de la joven que dejó de ser una desaparecida y su muerte entró en un laberinto de misterio que al día de hoy no tiene una respuesta clara y concreta. La pregunta principal que sigue rodeando al caso es si la mataron o se murió, una diferencia central que marcará el desenlace final en sede judicial.
Alejo Ramos Padilla, juez a cargo de la investigación por la muerte de Johana Ramallo.
El jefe de la morgue platense Javier Grubisa, que declaró en la justicia Federal a partir del peritaje que realizó a los restos cuando eran NN, situó la muerte de ese cuerpo en fecha muy cercana a la desaparición de Johana. Este dato pone en crisis la hipótesis que señala a la joven como cautiva durante varios meses, secuestrada por una presunta red de trata de personas.
Como contó en exclusiva este medio, Grubisa dijo que “muy probablemente el miembro superior, y sin lugar a dudas el miembro inferior, fueron desprendidos por la acción mecánica de un tercero luego de producida la muerte”. Y acotó el periodo para situar la muerte de Johana, que ubicó aproximadamente “nueve meses más menos 45 días” antes del examen de los restos, que se realizó durante de agosto de 2018.
En esta historia encajan como piezas de rompecabezas la pobreza, el narcotráfico, la violencia machista y el descarte del cuerpo mutilado de una mujer cuya aparición se reclamaba en las calles.
Según consta en el expediente, los ocho imputados que serán juzgados formaban parte de una organización criminal que operó en la Zona Roja de la capital bonaerense entre 2016 y 2017, en perjuicio de mujeres que ejercían la prostitución callejera, entre las que se encontraba Ramallo.
En el requerimiento de elevación a juicio, las fiscales dieron por acreditado que los miembros de la asociación ilícita consiguieron la disposición de las víctimas a partir del suministro de estupefacientes y el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad que presentaban.
Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que interviene en la investigación.
En ese marco, un grupo de hombres conocidos como los “8/40”, bajo la excusa de “cuidarlas”, vigilaban y controlaban a las mujeres, a quienes captaban y recibían previamente, y luego les retenían el dinero obtenido mediante la prostitución, además de obtener un lucro con el comercio de droga. Mientras que el grupo de “Las Viejas” recorrían el territorio y les cobraban a las víctimas por las “paradas”, luego de ejercer violencia e intimidarlas.
Por último, un tercer grupo proveía a las mujeres de estupefacientes, como método de control, ya que el aprovecharse de sus adicciones y de la generación de deudas por las drogas consumidas, luego las cobraban de las ganancias obtenidas por la situación de prostitución. A raíz de ello, era necesario para las víctimas permanecer en la zona para pagar las deudas contraídas, ya que requerían de un mayor consumo de estupefaciente para poder afrontar la actividad.
Marta, la mamá de Johana, y un reclamo vigente de “justicia”.
De acuerdo a los investigadores, la explotación sexual y la venta de drogas crearon el escenario propicio para que la joven desapareciera.
