“No recuerdo” fue la frase más escuchada en la segunda audiencia del juicio oral para para el efectivo Rodrigo Nicolás Laurent acusado de homicidio calificado por integrar una fuerza de seguridad agravado por el uso de arma de fuego, por un crimen ocurrido en La Plata. La sombra del gatillo fácil.
La falta de memoria de los testigos no pasó por alto para los jueces quienes les advirtieron que mentir o no dar información que conocen se penan de la misma manera como un falso testimonio. Pese a la insistencia de magistrados, los uniformados siguieron en su postura de olvido.
No es la primera vez que esto ocurren en un debate público. Es habitual que cuando el acusado es integrante de una fuerza de seguridad, sus compañeros de armas acudan a la falta de memoria para evitar incriminarlo. Nada nuevo bajo el sol.
Quienes sí aportaron datos que pueden resultar relevantes fueron los peritos. Coincidieron que la zona del crimen (38 y 155) era oscura y no había buena visibilidad. También que el casquillo de un proyectil .9mm compatible con el arma policial, se encontró a unos 45 metros de distancia del cuerpo de la víctima.
En base a ese dato los abogados de la familia de la víctima consideran que Nicolás Vargas fue ejecutado de un disparo en la cabeza a más de 40 metros de distancia. El joven fallecido por una bala policial era el ex cuñado de la víctima.
Se sospecha que alguien plantó un arma de fuego para simular un enfrentamiento que no habría existido. Todo es materia de debate.
Andrés Noetzly e Ignacio Fernández Camillo, abogados de la familia de la víctima en el juicio oral.
La causa se inició el 1 de abril de 2017 luego de una persecución policial a dos jóvenes que viajaban en una moto por el barrio Malvinas, de la localidad de San Carlos. Fue tras una denuncia que advertía de un robo en otro lugar muy distante, en la zona de plaza Islas Malvinas.
Tras la cacería, el acusado descubrió que había matado a su ex cuñado. Se cree que, para cubrirse, plantó un arma de fuego. Esta secuencia se dio en la esquina de 38 y 155.
La defensa está a cargo del letrado Luis María Giordano quien sostiene que se trató de un caso de legítima defensa, similar a lo que postula la “doctrina Chocobar” impulsada y defendida desde el gobierno nacional de Javier Milei mediante su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Se conoce como “Doctrina Chocobar” a la habilitación de las fuerzas de seguridad para a disparar por la espalda o a personas desarmadas sin tener consecuencias por esos actos de violencia que suelen ser letales.
Jorge Paolini, fiscal de juicio de La Plata.
La acusación está en manos del fiscal Jorge Paolini y en representación de las víctimas están los abogados Ignacio Fernández Camillo, Solange Barnetche y Andrés Noetzly.
El juicio oral está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V de La Plata integrado por Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Agustín Crispo (juez de Garantías designado para el debate ya que el TOC V se encuentra desintegrado).
Fuentes judiciales confirmaron a un portal local de noticias que se trata “del primero de los juicios por un caso de gatillo fácil del departamento judicial La Plata en el año en curso”.
