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Los inquilinos platenses fueron a la Justicia contra la derogación de la Ley de Alquileres

El grupo asegura que DNU de Javier Milei atenta contra los derechos de los trabajadores argentinos y por eso lo hicieron en conjunto con la CGT y la CTA.

En conjunto con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación Platense de Inquilinos (API) se sumó a la presentación del amparo para declarar inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia este viernes.
En el documento presentado de forma conjunta, manifiesta que a partir de la derogación de la Ley de Alquileres (27.551) y la modificación del Código Civil, se busca profundizar “la transferencia de ingresos del sector trabajador al capital rentista y disciplinamiento para todo aquel que busque denunciar estos abusos”. De esta manera, “vivir en las ciudades será para los que alquilan solo para garantizar la renta de aquellos dueños e intermediarios”. Esto genera la “transferencia de recursos al poder concentrado del ladrillo”.
En diálogo con un portal local de noticias, el referente de la Asociación Platense de Inquilinos (API), Diego Fernández Camillo, explicó que el pedido de declaración de inconstitucionalidad fue realizado en conjunto con las centrales trabajadoras dado que los inquilinos “son trabajadores” que se ven fuertemente afectados por la desregularización de la economía. En esa línea remarcó: “No queremos particionar más la pelea. La lucha es una sola y la que históricamente los y las argentinas construyeron; defender las riquezas de nuestro país, y quienes la construyen son el y la trabajadora, desde ahí accedemos a el hogar mediante el alquiler”.
Conforme señala el documento al que tuvo acceso un portal local de noticias, la norma anunciada la semana de Navidad, “habla de ‘graves consecuencias para el locatario’, la realidad es que esta derogación es una quita de derechos, por ende inconstitucional, ya que ninguna ley puede ser regresiva en materia de derechos adquiridos”.
Sobre la dolarización de la vivienda, el amparo sostiene que la medida no hará más que dificultar el “acceso a la vivienda propia o alquilada, ya que las monedas extranjeras son de acceso limitado para la mayoría de los trabajadores”. Además, respecto al pago del alquiler en dólares o en BitCoin, subraya, que se “habilita a que el inquilino pague en el alquiler también la inflación del propietario. Inclusive habilita la posibilidad de que aunque no hay inflación deba pagar aumentos en el caso que el índice esté atado a una variable ajena a un proceso inflacionario”.
Este escenario, no hará más que “atar al inquilino a la incertidumbre de no saber si podrá pagar los aumentos y por ende, a la posibilidad de seguir endeudándose o irse a vivir a peores condiciones. Esto profundizará aún más la posibilidad de obtener alguna capacidad de ahorro, necesaria para proyectar la compra de una vivienda propia”.
Pero no serán sólo los inquilinos los afectados, sino también a muchos de los pequeños propietarios, aquellos que cuentan con unidades para alquilar, quienes debido a la carga impositiva y a las dificultades de los locatarios para acceder a la vivienda, terminarán vendiendo sus unidades a en un 20% o 25% menos que su valor real (como se viene viendo en el mercado). Unidades que son adquiridas por grandes grupos o sociedades que terminan monopolizando el mercado inmobiliario. Se genera una “transferencia de recursos al poder concentrado del ladrillo”, aseguran.
A pedido de la Asociación Platense de Inquilinos (API), se modificó uno de los puntos de la Ley de Alquileres sancionada en el 2020 y se estableció que el aumento en las cuotas fuera en función del salario, en lugar de correr en paralelo con la inflación.
En esa línea, Camillo explicó a este portal: “Tenemos que empezar a defender al pequeño propietario, ese propietario que tiene una, dos, tres o cuatro propiedades como máximo, que alquilan sus viviendas para tener una mejor calidad de vida y esas ganancias se ven redistribuidas en el mercado interno. Cuando eso deje de suceder, la crisis va a ser aún peor”, apuntó.
El último censo realizado en el año 2022, dejó en evidencia una baja de “10 puntos” en la cantidad de propietarios en Argentina y se duplicó la cifra de inquilinos, pero “a la vez hay mayor cantidad de construcciones, por lo que deberíamos analizarlo con la importancia del caso”, cerró.
En paralelo, la organización Inquilinos Agrupados presentó una acción de nulidad y una cautelar para que se suspendan los efectos del DNU del gobierno nacional que deroga la Ley de Alquileres, con lo que las condiciones para los contratos de locación quedan liberadas al acuerdo entre partes.
“Presentamos una acción de nulidad y una cautelar para que suspenda los efectos del decreto porque es evidente que es inconstitucional por varios motivos”, dijo el presidente de IA, Gervasio Muñoz, quien señaló que “hay una regresión total en materia de derechos para vivienda y eso obviamente es inconstitucional; no tengo dudas que lo que va a suceder es que todo contrato que se firme a partir de hoy va a ser nulo y va a regirse por la Ley de Alquileres”.
El día que Milei anunció el DNU
Por su parte, la expresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, Marta Liotto, dijo: “Estamos viendo desde las inmobiliarias un fuerte incremento en las consultas, tanto de parte de los propietarios que habían sacado sus inmuebles del mercado, como de parte de los inquilinos”.
“Muchos actualmente se encuentran con contratos vigentes o prórrogas que fueron celebradas hace poquito y buscan salir de eso, y llegar a un nuevo escenario para poder dar solución a largo plazo en el problema habitacional”, aseguró y continuó: “En cuanto a las actualizaciones, lo que se viene manejando en esta nueva etapa y lo que estamos conversando entre las partes es alcanzar el índice de costo de vida, con una pauta del periodo de incrementos de seis meses y en algunos casos trimestral”.
El objetivo es acordar “contratos de dos años de duración, con ajustes semestrales y con una línea con el sistema que regía antes de la sanción de la ley; queremos volver al escenario que funcionaba todo y que funcionaba bien y colgar en el arcón de los recuerdos esta nefasta ley que perjudicó tanto al sector”, concluyó.

Fuente: 0221

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