“Me cansé”. Esas fueron las palabras de Daniel Domínguez, quien ahora es el ex presidente de la Asamblea del Barrio El Mondongo, cargo al que decidió renunciar luego de la suspensión del traslado de la Zona Roja a la zona de 122 entre 52 y 55, en el límite tripartito con Berisso y Ensenada. El freno a esa decisión que ya había tomado el gobierno municipal actual fue tomada con una medida cautelar dictada por el Juzgado 4 de La Plata al hacer lugar a una presentación realizada por abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en representación de colectivos de personas trans.
En ese marco Domínguez explicó que su cansancio se debe a la resolución judicial y sus “explicaciones mentirosas”. “La Justicia busca tomar partido y votar, más que por los más de 15.000 habitantes del barrio El Mondongo, por las agrupaciones que nos traen la delincuencia al barrio con la venta de drogas y con la pantalla de la prostitución. Entonces, me cansé”, sintetizó.
“Son más de diez años de lucha, de pelearla, de hacer denuncias, de poner la cara, el cuerpo y de sufrir amenazas. Dije basta, que se haga cargo gente que sea más capaz, que la hay en todos lados. No somos imprescindibles”, indicó el vecino en una entrevista en FM La Redonda. Términos que ya había desarrollado en un carta publicada en las redes sociales.
“Ya se había votado la nueva ordenanza, pensamos que ya estaba. Se hizo la nueva zona roja, las chicas fueron todas avisadas. Pero es tan poderoso el aparato que hay detrás que la Justicia dictaminó que se de marcha atrás”, respondió Domínguez respecto a cómo se llegó a esta resolución de no mudar, momentáneamente, la zona roja de El Mondongo.
Una reunión de la asamblea del barrio El Mondongo de La Plata, donde está la Zona Roja
Fue sobre la noche del lunes que Domínguez decidió publicar en su perfil personal una carta dirigida hacia todo el barrio, en la que comunicó su decisión de declinar en su cargo como presidente de la Asamblea tras dicha resolución.
“Desde hace más de 10 años vengo peleando por un Mondongo mejor, libre de droga y delincuencia. Firmé de puño y letra más de 70 denuncias, tanto en el Fuero Penal provincial como federal, he recibido amenazas de muerte, me han querido ensuciar en varias ocasiones atacando mis opiniones, en una oportunidad dije: ‘me vencieron’ y tuve que volver”, empezó escribiendo.
“Sin embargo, hoy tomo esta decisión sin marcha atrás. Doy un paso al costado y dejo la presidencia de la Asamblea Vecinal del Mondongo y mi lucha contra la venta de droga. Seguro quedará en manos más capaces y de gente más afín a todo esto. Me acompañó siempre y acompaña mucha gente de bien, que pensamos igual y la vida sigue, la lucha también, pero sin mí”, agregó.
Seguido de ello, culpó al panorama político que se vive en la ciudad respecto a la decisión de no mudar la zona roja. “Esta nueva realidad política que se avecina, y que culpo si algo me pasa a mí y a mis allegados, que prioriza en sus actos y dichos a la delincuencia que nos asola a diario, estas agrupaciones pseudo políticas y militantes que solo nos van a causar más dolor y pesar, al igual que la justicia garantista que las ampara. Mi lucha siempre fue para que vivamos mejor, no peor. Quiero evitar más amenazas, más aprietes, y salvaguardar a mis afectos, ¡no me siento seguro ante este avance pro-delincuencia! Y no quiero ver más sufrimiento en mi círculo íntimo, es hora de dar un paso al costado. Agradezco a quienes siempre estuvieron a mi lado, familia, amigos, vecinos, dirigentes políticos, fuerzas de seguridad y especialmente, la prensa. Gracias de corazón, hasta siempre”, cerró Domínguez.
La calle del Bosque que la Municipalidad de La Plata acondicionó para mudar la Zona Roja
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado 4 de La Plata al hacer lugar a una presentación realizada por abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en representación de colectivos de personas trans.
Las entidades “Asociación Civil Otrans Argentina”, “Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina”, “Frente de Organizaciones TLGBI La Plata, Berisso y Ensenada”, “Marea Rosa”, “Zona Queer La Plata”, “Venganza Afectiva Articulación L.G.T.T.T.B.I.Q.P.N.” y “Somos Diverxs”, impulsaron la nulidad del decreto dictado por el intendente Julio Garro.
Tras analizar el expediente, la jueza María Ventura Martínez aclaró que esta resolución “no implica prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión debatida”, al tiempo que señaló la demora de la administración municipal en encontrar una solución definitiva al conflicto que tiene sus raíces en la convivencia ciudadana.
A partir de esta medida, las partes deberán seguir reunidas en una mesa de negociaciones para encontrar una solución de fondo al tema.
Tal como había informado un portal local de noticias, la Comuna había comenzado a trabajar en la relocalización, que incluirá la ejecución de senderos, instalación de sanitarios y nueva iluminación. Además, las autoridades locales planean sumar senderos, mejoras en ingresos y egresos y tótems con botón antipánico para emergencias.
Una de las protestas contra el traslado de la Zona Roja
Como se viene informando, el traslado se enmarca en lo estipulado por el Código de Convivencia Ciudadana aprobado en 2021 y busca llevarse adelante “tras reiteradas instancias de diálogo entre autoridades comunales, organismos públicos, vecinos y organizaciones”. En esas mesas de trabajo la Municipalidad de La Plata planteó que se tendrían en cuenta las diversas alternativas de emplazamiento sugeridas por las partes, siempre y cuando no abarcaran zonas de uso residencial. “Sin embargo, ante la falta de propuestas, avanzó finalmente con la propia”, según se había indicado desde la propia Municipalidad cuando se avanzó hacia el Bosque.
Sobre este punto, la jueza posó su mirada. En la resolución a la que accedió este medio, consideró: “…ocurre también con respecto a la afirmación de la participación de agrupaciones representativas del colectivo LGTBI+ y/o de trabajadoras/es sexuales: a pesar de afirmar que hubo reuniones, convocatorias etc. tal (…) no se aporta ningún elemento que acredite, ya no la reunión propiamente dicha, ni su contenido aunque sea circunstancial, sino siquiera que se haya cursado la invitación; prueba que resulta muy sencilla para el municipio dada su posición en el proceso que lo pone en mejor lugar para su demostración. No sólo eso, sino que en los considerandos del decreto no se hizo ninguna referencia sobre la celebración de tales audiencias y demás, simplemente con un carácter muy general se dice que ‘esta Comuna ha desarrollado un análisis integral de la problemática considerando herramientas de participación ciudadana…’, cuando la problemática de autos (tal y como la propia demandada entiende) impide que de tan abstracta aseveración se pueda inferir la efectiva audiencia con representantes del colectivo afectado; incluso más, ni siquiera puede inferirse que efectivamente hubo participación ciudadana de tipo alguno, solamente que se consideraron herramientas de la misma”.
