Dos acusados en el marco de la causa por presunta extorsión a feriantes del Parque Saavedra de La Plata seguirán detenidos en prisión preventiva, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario. El juez Emir Caputo Tártara hizo lugar al pedido de las defensa de Roberto Martínez y Jorge Luis Fierro quienes eran los únicos acusados que seguían en una cárcel común, ya que el resto de los acusados están con arresto domiciliario.
Martínez lleva más de dos años en una cárcel común, padece mal de chagas y en todo este tiempo no recibió tratamiento médico por su enfermedad. No tiene antecedentes penales y su legajo de conducta carcelaria cuenta con la más alta calificación. Durante su etapa de encierro retomó los estudios y trabaja dentro de la unidad penal.
Fierro cumplió más de cinco años en prisión preventiva. Padece EPOC y los medicamentos se los provee su familia. Necesita con urgencia someterse a tratamiento médico, situación que fue informada por la defensa en el mes de febrero de 2023. No tiene antecedentes penales, trabaja dentro de la cárcel y también tiene la más alta calificación por su buena conducta y apego a las normas.
Ambos cuentan con buen informe psicológico, poseen arraigo familiar sólido, contención, y disponen de línea telefónica en sus domicilios para la instalación del sistema de monitoreo por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Desde hace meses los defensores Solange Barnetche, Ignacio Fernández Camillo, Andrés Noetzly y Adrián Rodríguez Antinao solicitan este beneficio y denuncian las situaciones de trato inhumano que sus asistidos sufren en cada traslado para las audiencias del juicio oral que se desarrolla en el fuero Penal de La Plata.
Emir Caputo Tártara, juez que dispuso el arresto domiciliario
Fierro y Martínez están alojados en la Unidad 9 de La Plata, a unas 20 cuadras de la sala de audiencias. Todas las mañanas de audiencia eran arrancados de sus celdas a las 4:30 de la madrugada, los subían a un camión, recorrían varios penales hasta llegar a la sede Tribunales donde las audiencias empezaban con retraso. Durante todo ese tiempo permanecían encerrados en un micro del SPB.
Tras conocer la resolución del juez, ambos acusados lloraron de emoción. “Necesito estar con mi familia” dijo cada uno a su turno cuando les fue cedida el uso de la palabra. En la sala de audiencias estaban sus familiares que también lloraron de emoción.
El juicio oral comenzó el 11 de octubre pasado. Declararon varios testigos, pero ninguno pudo aportar certezas para sostener una acusación que aparece endeble. Incluso lo hicieron los denunciantes quienes tampoco pudieron clarificar de manera puntual la situación más allá de conceptos generales.
La feria del Parque Saavedra de La Plata sigue funcionando los fines de semana
La lista de acusados la integran Javier Huertas (presunto jefe de la asociación ilícita), su pareja Estela Martínez, la feriante Alicia Lauge, Claudia Monti (la cocinera del comedor popular y merendero de Huertas y Martínez), el fletero Jorge Fierro y el albañil Roberto Martínez. En la causa, hasta esta etapa, se dio por probado que los acusados se dedicaban a extorsionar a los puesteros que trabajan en la feria ubicada en el Parque Saavedra, amenazando con sacarlos si no pagaban una cuota de entre 400 y 1.200 pesos por fin de semana. Pero la mayoría de los testigos declararon que el pago era por un servicio de armado y desmontaje de los puestos de venta y por el alquiler de los baños químicos entre otros conceptos para el mantenimiento y funcionamiento de la feria.
La fiscalía de juicio intenta por todos los medios sostener la acusación. Ya finalizó con la producción de su prueba, al tiempo que el martes 21 de noviembre empiezan a declarar los testigos de la defensa. Se espera que declaren más de 100 testigos, la mayoría feriantes o ex puesteros del Parque Saavedra.
Según se desprende de la investigación, los acusados obligaban los aspirantes “a ocupar puestos a alquilarles gazebos, inscribirse como monotributistas con la intervención de profesionales por ellos designados, y exigiendo a los aspirantes, el pago de una suma de dinero – variable según la superficie a ocupar y el carácter de permanente o transitorio que ellos mismos les asignan para la instalación de puestos de venta -, bajo amenaza de suspenderles el armado de los mismos e incluso causarles daño en sus bienes”.
Para consumar esas amenazas, se valían “de la participación de un grupo que forma parte de dicha organización, sindicado como La Comisión (…) quienes ejecutarían las órdenes de los organizadores de la asociación tendientes a obtener resultados a las exigencias que se imponen a los puesteros, amenazándolos e inclusive utilizando vías de hecho”.
El defensor Fernández Camillo dijo a este medio que durante el año 2017 “Javier Huertas y Estela Martínez instalaron junto a un grupo de personas algunos puestos de feria en el parque Saavedra de forma precaria, pero legal. En un inicio el nuevo grupo de feriantes no superó los 20 puestos, para la instalación y atendiendo requerimientos municipales, se proveyeron de distintos servicios como el armado, desarmado, cuidado, traslado y guardado de los gazebos los que se sostenían con un aporte solidario que en la medida de sus posibilidades realizaban los feriantes que decidían ser parte de esta organización. Además, existían otras organizaciones de feriantes en el parque o incluso quienes simplemente iban y ponían la manta o el puesto sin más”.
Ya en el año 2018 el crecimiento de la feria “fue exponencial, por un lado, por la posibilidad cierta de obtener ganancias, pero también por la prolija organización que ese grupo que iniciara junto con algunas personas que se sumaron pudo dar. Esto impuso mayores responsabilidades, tanto frente a las autoridades, como para con esa naciente organización”.
La defensa de los feriantes del Parque Saavedra de La Plata pelea por la absolución de los seis acusados
Según el defensor fue así que se constituyó una asociación civil que se llama “Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos Asociación Civil”. Luego “se contactó una contadora que pudiera cumplimentar la obligación que el Municipio imponía de que todas las personas que pusieran un puesto tuvieran monotributo social”, requisito establecido en ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de La Plata. Además, “se cumplió con el requisito de que todas las personas tuvieran su puesto en una carpa o gazebo blanco, todo lo realizado fue buscando la regularización permanente por parte de este nuevo grupo de feriantes”.
La tarea llevada adelante por esta comisión directiva, de una cooperativa de trabajo de hecho, no se reducía a todo lo dicho, sino que realizaban un trabajo social buscando paliar la dura crisis, brindando comida (siempre que se armaba la feria) a quienes se acercaban, personas en situación de calle o los propios feriantes que querían compartir o era su único plato de comida en el día, asimismo durante los días que no había feria, se realizaba una olla comunitaria en el barrio de Altos de San Lorenzo, “donde se ubicaba la vivienda de Estela Martínez y Javier Huertas”.
Para la defensa la denuncia realizada por el municipio en Fiscalía General de La Plata “tiene una serie de inconsistencias insalvables, que muestran el carácter montado de la misma; por caso, estigmatizan supuestos hinchas caracterizados del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero no sostienen ni en ese momento ni durante toda la investigación tal afirmación con ninguna prueba”.
