La declaración de un testigo, el debate en torno a su legalidad y la discusión sobre un certificado médico de otra testigo, fueron las notas salientes de la tercera audiencia del juicio oral desarrollada en el fuero Penal de La Plata para las seis personas acusadas de extorsión a feriantes del Parque Saavedra. Todas las discusiones quedaron registradas en fotos y videos que formarán parte de un documental sobre este caso en el que posaron su mirada el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Todas las personas imputadas carecen de antecedentes condenatorios o investigaciones abiertas por fuera de esta. La lista de acusados la integran Javier Huertas (presunto jefe de la asociación ilícita), su pareja Estela Martínez, la feriante Alicia Lauge, Claudia Monti (la cocinera del comedor popular y merendero de Huertas y Martínez), el fletero Jorge Fierro y el albañil Roberto Martínez. Las primeras cuatro personas están con arresto domiciliario en prisión preventiva. Los otros dos se encuentran alojados en la Unidad Penal 9 de La Plata.
En la causa, hasta esta etapa, se dio por probado que los acusados se dedicaban a extorsionar a los puesteros que trabajan en la feria ubicada en el Parque Saavedra, amenazando con sacarlos si no pagaban una cuota de entre 400 y 1.200 pesos por fin de semana.
Alejandro Baldazo y su esposa fueron feriantes en ese espacio público. Él se presentó a declarar, su pareja no, alegó problemas de salud que intentó justificar con un certificado de salud que fue cuestionado por la defensa. El fiscal de juicio Juan Caniggia solicitó que el testimonio de la mujer que figura en la causa se incorpore al debate, pero los defensores se opusieron y ganaron esa pulseada.
La defensa sostiene que la causa fue armada con fines políticos para perseguir a trabajadores
El ex feriante Baldazo se dedicaba a la venta de comidas rápidas en la feria. Señaló que se trabajaba libremente y que se pagaba un canon por cada día de feria. Ese tributo era cobrado en su caso por el acusado Fierro. En un tramo de su relato aseveró que “no vio ni sufrió episodios de violencia” en la feria, pero aclaró que “el que no pagaba (el canon) no podía quedarse en la feria”.
La polémica se dio cuando el testigo dijo que durante la etapa de investigación declaró en una sola oportunidad, pero no lo hizo en ninguna sede judicial, sino que a él y a su esposa los citaron y les tomaron testimonio “en la Torre 1 de la Municipalidad de La Plata”. Este dato no pasó desapercibido para las defensas quienes hicieron notar que las actas figuran que esos testimonios se tomaron en la sede de la fiscalía que investigó el caso.
Ante este panorama el bloque de la defensa solicitó que ambas actas se declaren falsas y se dicten las nulidades de esos testimonios.
El juez Caputo Tártara deberá resolver los pedidos de nulidades de la defensa
Otra de las polémicas fue en relación al certificado médico de la esposa de Baldazo quien también fue citada para la audiencia de este martes 17 de octubre. El documento fue cuestionado por la defensa porque no fue confeccionado por un organismo oficial y porque la paciente no estaba debidamente identificada con nombre y apellido.
En ese marco las defensas solicitaron que se rechace el certificado y se cite a declarar a la testigo de cargo quien es empleada municipal y cumple funciones en un juzgado de faltas de la Municipalidad de La Plata según confirmó su esposo en la audiencia.
Todas las audiencias son registradas en audios, videos y fotos. Ese material se utilizará para la elaboración de un documental sobre el caso. La defensa sostiene que se trata de una causa armada en base a espionaje ilegal de la Policía Federal de La Plata para perseguir trabajadores del espacio público por razones políticas.
El debate oral está a cargo del juez Emir Caputo Tartara integrante del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata. La acusación es del fiscal Juan Pablo Caniggia y la defensa está en manos de los letrados Ignacio Fernández Camillo, Solange Barnetche, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Noetzly y Fernando Ravina, quien fue el defensor de Fernando Carrera acusado por la Masacre de Pompeya, pero resultó absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa historia llegó al cine bajo el título “Rati horror show”.
Para este juicio fueron aceptados como veedores representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Ministerio de Justicia de la Nación.
