Con la declaración de cuatro de las seis personas acusadas y dos testigos comenzó el juicio oral para procesados y procesadas en una causa por presunta asociación ilícita y extorsión a feriantes de Parque Saavedra. Ninguno tiene antecedentes penales. Cuatro están con arresto domiciliario y dos (un fletero y un albañil) en la Unidad 9 de La Plata. Tres testimonios dejaron huella de la buena relación que existió con la Municipalidad de La Plata hasta que algo se rompió.
Todas las personas imputadas carecen de antecedentes condenatorios o investigaciones abiertas por fuera de esta. Para la defensa, esta imputación “es realmente inconsistente”. La lista de acusados la integran Javier Huertas (presunto jefe de la asociación ilícita), su pareja Estela Martínez, la feriante Alicia Lauge, Claudia Monti (la cocinera del comedor popular y merendero de Huertas y Martínez), el fletero Jorge Fierro y el albañil Roberto Martínez.
En la causa, hasta esta etapa, se dio por probado que los acusados se dedicaban a extorsionar a los puesteros que trabajan en la feria ubicada en el Parque Saavedra, amenazando con sacarlos si no pagaban una cuota de entre 400 y 1.200 pesos por fin de semana.
La primera en declarar fue Estela Martínez, secretaria de la asociación civil “Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos”, entidad que nucleaba a un grupo de feriantes. La mujer dijo que toda la vida se dedicó a esa actividad, que es hija de feriantes. En 2015 empezó como “mantera” en Parque Saavedra. Con el tiempo desde el municipio “nos pidieron que nos ordenáramos con mesas y gazebos, nosotros acatamos las órdenes del municipio”.
“Durante meses trabajamos en conjunto con el municipio, jamás hubo problemas, armamos la ONG, en un momento llegamos a ser más de 400 feriantes, jamás intervino la policía, nunca lastimamos a nadie, nunca apretamos a nadie”, señaló la mujer que está con arresto domiciliario y tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Juan Pablo Caniggia, fiscal de juicio de La Plata
Martínez señaló que por fin de semana recaudaban unos 100mil pesos que se utilizaban para el mantenimiento, armado y traslado de los puestos de venta de la feria, mantenimiento y limpieza de baños y con el excedente sostenían una olla popular y merendero que funcionaba en su casa de Altos de San Lorenzo, una de las barriadas más populosas y carecientes del Gran La Plata.
Además, refirió que los feriantes la eligieron a ella y a su esposo para ser el nexo con las autoridades municipales. Se realizó una asamblea en el parque, se labró un acta y se confeccionó un poder de representación firmado ante un escribano público.
“Siempre tuvimos contacto con Pablo Álvarez”, funcionario municipal. La mujer aseveró que la Municipalidad de La Plata proveyó baños químicos para el funcionamiento de la feria.
Solange Barnetche, Andrés Noetzly, Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao y Federico Ravina integran la defensa
La historia de Claudia Monti generó repercusiones tras su declaración. La mujer, madre de tres hijos, colaboró durante dos meses como cocinera en el merendero y olla popular de Huertas y Martínez a cambio de alimentos para su familia. Su marido estaba enfermo y ella se puso al frente como jefa de hogar. También trabajaba en dos boliches.
En la tarde del 14 de diciembre de 2018 ella llegó hasta el comedor para preparar la merienda de esa jornada para los chicos, pero se encontró con la zona repleta de policías. Estaban allanando el lugar, tras identificarse, fue metida adentro de la vivienda y de allí a una comisaría donde estuvo detenida siete meses.
Durante ese tiempo fue quemada con agua caliente y obligada a bañarse delante de personal policial masculino. Luego fue trasladada a la Alcaidía de Melchor Romero donde fue golpeada por mujeres penitenciarias y encerradas en celdas de castigo, en la jerga carcelaria conocida como “buzón”, donde se vive el peor de los confinamientos, un claro caso de tortura. “Me decían por la mirilla de la puerta que podían hacer lo que querían conmigo”.
Mientras estuvo detenida se contagió una bacteria. Tardaron dos meses en llevarla para atención médica y le quedaron secuelas en su salud para toda la vida. Además, tuvo que comenzar tratamiento psicológico, pero lo abandonó por falta de recursos económicos.
Emir Caputo Tártara, el juez
La mujer nunca trabajó en la feria, jamás tuvo un puesto, solo iba al comedor a cocinar.
Tras escuchar este testimonio el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia solicitó que se extraigan copias del testimonio y se remitan a una fiscalía para que se abra la investigación correspondiente debido al calvario sufrido por la mujer.
Alicia Lauge es feriante hace más de 27 años. Tuvo puestos en varias ferias de La Plata. Era una de las integrantes de la ONG de puesteros del parque. De lunes a viernes trabaja de cuidadora domiciliaria y los fines de semana montaba su puesto. Es jefa de familia con cuatro hijos y una nieta.
Ella trabajaba en la feria de 1 y 38. Cuando ese lugar se desalojó “la Municipalidad de La Playa otorgaba cupos en la feria de Parque Saavedra”, señaló la acusada, que se dedicaba a la venta de medias y repasadores.
Cuando la feria del parque comenzó a normalizarse se buscó los servicios de una contadora pública para los trámites del monotributo. Ella era la encargada de recolectar el dinero y llevarlo al estudio de la profesional para los pagos del impuesto. Ese fue uno de los argumentos para su detención.
“Yo tenía mi contadora, yo ya era monotributista, la contratación de la contadora fue voluntaria, me ofrecí a ayudar con esa tarea de llevarle el dinero” explicó, y se largó a llorar al momento de relatar el allanamiento a su vivienda y su posterior detención: “En mi lote hay dos casas, la mía y la de mis hijos, la orden de allanamiento era para una sola vivienda, pero requisaron las dos”.
Alicia estuvo siete meses detenida en una comisaría en una misma celda con hombres. “Me trataban como a una delincuente, hasta se negaban a llevarme al baño”. Le otorgaron el arresto domiciliario por problemas de salud. Desde que salió de la cárcel está bajo tratamiento psicológico y además tiene ataques de pánico.
Javier Huerta es padre de tres hijas. Es “silletero”, pintor profesional especializado en grandes superficies de altura. Su madre era feriante en la tradicional exposición “hippie” de Plaza Italia. En el año 2016 cuando comenzó a faltar el trabajo durante el gobierno de Cambiemos comenzó a ganarse la vida como “mantero” en Parque Saavedra.
Aseguró que el funcionario municipal Pablo Álvarez “nos ayudó a organizarnos” y que mantuvieron reuniones con funcionarios como Darío Ganduglia (denunciante en esta causa), Emanuel Reyes y Roberto Di Grazia. “Nos pedían que nos organicemos, fue así que empezamos a instalar gazebos, mesas, percheros” para dejar de lado el sistema de mantero.
“Yo soy peronista, la feria y los feriantes somos una familia y nos abrazamos entre nosotros”, explicó el acusado de ser el líder de la presunta empresa criminal. Huerta aseveró que cumplieron con cada paso que le pedían desde la Municipalidad de La Plata para poder funcionar como feria a la espera de una reubicación en un predio cerrado, para salir del espacio público.
Además, aportó como prueba los permisos que la propia comuna les entregaba para funcionar y una medida cautelar que los avalaba a funcionar, dictada por un juzgado Contencioso Administrativo de La Plata.
En relación al cobro de un canon dijo que no era compulsivo y que se podía trabajar sin pagar. Además, los que pagaban podían hacerlo con dinero o con mercadería que luego era destinada para el mantenimiento del mencionado comedor barrial. Al igual que su pareja aseveró que el dinero recaudado era para el mantenimiento de los stands, su traslado, armado al inicio de la feria y desarmado al finalizar la misma.
A preguntas del fiscal reconoció que no entregaban ningún recibo, pero llevaban anotaciones en un cuaderno que fue secuestrado en el allanamiento. En ese operativo “también se llevaron el chanchito con los ahorros de mu hija para su cumpleaños de 15”, se quejó el acusado.
Según se desprende de la investigación, los acusados obligaban los aspirantes “a ocupar puestos a alquilarles gazebos, inscribirse como monotributistas con la intervención de profesionales por ellos designados, y exigiendo a los aspirantes, el pago de una suma de dinero – variable según la superficie a ocupar y el carácter de permanente o transitorio que ellos mismos les asignan para la instalación de puestos de venta -, bajo amenaza de suspenderles el armado de los mismos e incluso causarles daño en sus bienes”.
Para consumar esas amenazas, se valían “de la participación de un grupo que forma parte de dicha organización, sindicado como La Comisión (…) quienes ejecutarían las órdenes de los organizadores de la asociación tendientes a obtener resultados a las exigencias que se imponen a los puesteros, amenazándolos e inclusive utilizando vías de hecho”.
El abogado Ignacio Fernández Camillo es uno de los defensores. En una carta enviada a este medio señaló que durante el año 2017 “Javier Huertas y Estela Martínez instalaron junto a un grupo de personas algunos puestos de feria en el parque Saavedra de forma precaria, pero legal. En un inicio el nuevo grupo de feriantes no superó los 20 puestos, para la instalación y atendiendo requerimientos municipales, se proveyeron de distintos servicios como el armado, desarmado, cuidado, traslado y guardado de los gazebos los que se sostenían con un aporte solidario que en la medida de sus posibilidades realizaban los feriantes que decidían ser parte de esta organización. Además, existían otras organizaciones de feriantes en el parque o incluso quienes simplemente iban y ponían la manta o el puesto sin más”.
Ya en el año 2018 el crecimiento de la feria “fue exponencial, por un lado, por la posibilidad cierta de obtener ganancias, pero también por la prolija organización que ese grupo que iniciara junto con algunas personas que se sumaron pudo dar. Esto impuso mayores responsabilidades, tanto frente a las autoridades, como para con esa naciente organización”.
Según el defensor fue así que se constituyó una asociación civil que se llama “Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos Asociación Civil”. Luego “se contactó una contadora que pudiera cumplimentar la obligación que el Municipio imponía de que todas las personas que pusieran un puesto tuvieran monotributo social”, requisito establecido en ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de La Plata. Además, “se cumplió con el requisito de que todas las personas tuvieran su puesto en una carpa o gazebo blanco, todo lo realizado fue buscando la regularización permanente por parte de este nuevo grupo de feriantes”.
La tarea llevada adelante por esta comisión directiva, de una cooperativa de trabajo de hecho, no se reducía a todo lo dicho, sino que realizaban un trabajo social buscando paliar la dura crisis, brindando comida (siempre que se armaba la feria) a quienes se acercaban, personas en situación de calle o los propios feriantes que querían compartir o era su único plato de comida en el día, asimismo durante los días que no había feria, se realizaba una olla comunitaria en el barrio de Altos de San Lorenzo, “donde se ubicaba la vivienda de Estela Martínez y Javier Huertas”.
Para la defensa la denuncia realizada por el municipio en Fiscalía General de La Plata “tiene una serie de inconsistencias insalvables, que muestran el carácter montado de la misma; por caso, estigmatizan supuestos hinchas caracterizados del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero no sostienen ni en ese momento ni durante toda la investigación tal afirmación con ninguna prueba”.
El debate oral está a cargo del juez Emir Caputo Tartara integrante del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata. La acusación es del fiscal Juan Pablo Caniggia y la defensa será tarea de los letrados Fernández Camillo, Solange Barnetche, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Noetzly y Fernando Ravina, quien fue el defensor de Fernando Carrera acusado por la Masacre de Pompeya, pero resultó absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa historia llegó al cine bajo el título “Rati horror show”.
Para este juicio fueron aceptados como veedores representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Ministerio de Justicia de la Nación.
