Tal como habían anunciado unas 30 sociedades médicas el 21 de septiembre, con el inicio del mes de octubre entró en vigencia el “honorario médico ético mínimo”, que fija en $6.000 el monto mínimo a cobrar por la consulta médica y que establece que la diferencia entre ese valor y lo que pagan las obras sociales y prepagas a los médicos deberá ser cubierta por el paciente. En este marco, surge la pregunta acerca de qué ocurrirá en La Plata.
Como ya se sabe, el pago fue denominado como “bono complementario no reintegrable” y, según las sociedades médicas que impulsaron su implementación, se hizo necesario ante la crisis actual, que ha llevado los honorarios médicos “al nivel más bajo de la historia en el país”. La drástica caída del valor de la consulta en los últimos años se vio agravada por el retraso en el pago, por parte de las prestadoras y la alta inflación, denunciaron las sociedades médicas.
El cobro del bono constituye una decisión unilateral que no cuenta con el aval de todo el sistema de Salud ni del Gobierno. Por tal motivo, no se ha implementado de manera homogénea en todo el país. De hecho, las obras sociales y prepagas manifestaron recientemente su disconformidad ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que supervisa y controla este sector.
Estas empresas sostienen que los copagos no están contemplados en los contratos con los médicos y que, en caso de que se cobre un extra, el paciente debe informar a la prepaga para iniciar un sistema de reintegros y posibles sanciones al médico que lo haya cobrado. Algunas empresas, como Galeno y Swiss Medical, han confirmado que realizarán el reintegro ante la presentación de la factura.
Más de 30 sociedades médicas de todo el país impulsaron el cobro del bono complementario no reintegrable.
Cabe mencionar que las empresas de medicina prepaga y obras sociales son financiadoras del sistema de Salud privado en Argentina. Por medio del cobro de cuotas a sus afiliados, abonan los honorarios de los prestadores -profesionales, centros de diagnóstico y de atención, entre otros-. Tras la decisión que tomó el Gobierno nacional tras las PASO, de congelar las tarifas de las financiadoras, el panorama se ha tornado todavía más complejo y por eso estas empresas denuncian que existe un “desfinanciamiento total” del sector.
Los prestadores reclaman aumentos en las tarifas que cobran mientras los financiadores limitan esos aumentos según los montos de cuotas que les permite cobrar el Gobierno y como resultado se creó el “bono complementario no reintegrable”, de actualización bimestral, que algunas asociaciones buscan generalizar para sanear la brecha entre las tarifas que perciben y la marcha de la inflación.
¿LOS MÉDICOS COBRARÁN EL BONO COMPLEMENTARIO EN LA PLATA?
Al no contar con el aval del Gobierno nacional ni de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, la implementación del bono complementario no reintegrable no ha sido homogénea. En La Plata, el viernes pasado los médicos de la ciudad se reunieron en la AMP para analizar la situación.
Los médicos de la ciudad se reunieron el viernes en la AMP para analizar el panorama.
Respecto del panorama en la ciudad, el vicepresidente de la Agremiación Médica Platense (AMP), Ezequiel Fidalgo, explicó a un portal local de noticias: “Nuestra diferencia con respecto a otras entidades científicas y colegios es que nosotros tenemos convenios y contratos firmados con obras sociales y prepagas y si salimos en forma deliberada y unilateral a pedir un copago, somos pasibles de sanción económica y eso lo terminan pagando los médicos”.
Fidalgo informó que la situación de los médicos platenses es igual de compleja que la de los profesionales del resto del país, debido a los gastos operativos como el mantenimiento de consultorios, la compra de elementos descartables y matriculación, entre otros, que aumentan en sintonía con la inflación y que resultan difíciles de afrontar con las demoras de entre 60 y 90 días de los financiadores en liquidar honorarios.
Por ese motivo, el vicepresidente de la AMP informó que buscan llegar a un acuerdo “para que el copago sea reconocido por los financiadores y no implementarlo de forma unilateral”. En esa línea, Fidalgo informó que ya vienen trabajando en el tema desde hace varias semanas con todo el universo de financiadores, que tiene a IOMA como la principal obra social pero también a más de 80 prestadoras “con las que tenemos que llegar a un acuerdo”.
Desde la AMP buscan llegar a un acuerdo con las obras sociales, encabezadas por IOMA en cuanto a importancia, para aumentar los honorarios médicos.
Tras establecer matices entre las obras sociales que ya pagan un monto cercano a los $6.000 por consulta, con las cuales no habría que gestionar un copago y resaltar la diferencia entre los profesionales que no compran insumos para la consulta y otros que sí, como los ginecólogos, que deben gastar en espéculos y demás, Fidalgo informó que con algunas prestadoras ya han llegado a un acuerdo, con otras todavía están en tratativas y tienen una reunión pendiente con IOMA. Si bien desde la AMP no cuentan con una fecha concreta para la resolución del conflicto, estiman que será a la brevedad.
