Una condena de ocho años y tres meses de prisión recayó sobre Ramón Oscar Almirón al ser encontrado culpable de haber abusado sexualmente de una nena de 8 años de edad hija de su ex pareja. Los ataques sexuales ocurrieron en una casa de City Bell cuando la madre dejó a la menor al cuidado de su pareja ya que iba a comprar útiles escolares de cara al inicio de clases. Según dio por acreditado el Tribunal Oral Criminal III de La Plata, en ese marco, Almirón llevó a la menor al baño y la abusó.
Según surge del expediente la nena vivía -hacia el mes de febrero de 2016- junto con sus hermanos y su madre en el barrio El Rincón de la localidad de City Bell en un contexto de singular vulnerabilidad, caracterizado por una vivienda precaria con piso de tierra, cierta promiscuidad, episodios de violencia y una deficiente atención familiar, especialmente de su madre que la tenía bajo su responsabilidad y con consumo de drogas.
La nena no conocía a su padre y tenía 6 hermanos de diferentes parejas de su madre (una hermana mayor que ella y otros cuatro menores) separados de su progenitora. La víctima asistía a una escuela pública donde acudía en mal estado general, sucia, sin haberse alimentado en forma adecuada y con la misma ropa reiterados días. Poseía dificultades alimentarias.
En su relato ante los jueces la hoy adolescente rememoró con dolor: “Nos cagábamos de hambre, hasta a veces llorábamos porque no teníamos nada en panza, varias cosas que pasaban en mi casa eran horribles”. Indicó que tanto ella como sus hermanos iban a la casa de un vecino porque en su casa la pasaba mal y nunca había nada para comer.
María José Vizgarra, pastora de la Iglesia de los mormones en la zona, en el debate describió el contexto de pobreza y como su madre ejercía violencia contra sus hijos. Expuso que asistía a la familia y que alojó por un tiempo a la nena en su hogar. “Las nenas venían a mi casa con problemas de hambre”. Agregó que “le tuve que sacar el teléfono”, porque la niña “se tomaba fotos pornográficas y las pasaba… Me dijo que vendía ese tipo de fotos y con eso vivía … conseguía sustancias para poder olvidarse”.
De ese modo indicó que luego de quitarle el celular lo llevó primero a la Comisaría donde no se lo retuvieron y más tarde formuló una denuncia en la Fiscalía, sin saber qué ocurrió luego. También indicó que “venían a mi casa con problemas de hambre. Bajos de peso los más chiquititos. Son muy silenciosos. No tiene un ámbito seguro para explayarse conversar, le costó mucho confiar en mí. La madre traía muchos hombres a la casa. Ellos no querían estar en su casa”.
Otras de las testigos en declarar fue la cocinera del colegio a la que asistía la víctima. “Yo tuve a ella y los hermanos en el comedor. Era divina, pero comía poco, le insistíamos que coma. Un día lloraba y me decía que no quería volver a la casa porque el papá la tocaba. Yo no sabía quién era. Le dije a una maestra lo que pasaba y se encargó del protocolo. No quería comer porque estaba triste. No quería volver a la casa”.
Desde la escuela pública se activó el protocolo y el contexto de pobreza y vulnerabilidad se puede ver reflejado en diversas actas del legajo de la institución.
En su alegato la fiscal de juicio Victoria Huergo pidió una pena superior a la aplicada. Consideró probado que la víctima tuvo que practicarle sexo oral al depravado, pero los jueces entendieron que esa circunstancia no fue probada. Ante esto la representante del Ministerio Público Fiscal recurrirá la sentencia para que una sala del Tribunal de Casación aplique una calificación legal y una condena más gravosa.
